Mientras el país se esfuerza por recuperarse de la peor recesión desde la Gran Depresión, a los legisladores de varios estados se les dice que la clave para resolver los problemas de desempleo de sus estados es adoptar las denominadas leyes de «derecho al trabajo».

Las engañosamente denominadas leyes de derecho al trabajo (RTW, por sus siglas en inglés) no implican, como pueden suponer algunos que no están familiarizados con el término, ninguna garantía de empleo para aquellos que estén dispuestos a trabajar. Más bien, hacen que sea ilegal que un grupo de trabajadores sindicalizados negocie un contrato que exija a cada empleado que se beneficie del mismo que pague su parte de los costes de negociación y vigilancia. Al dificultar el sostenimiento económico de las organizaciones de trabajadores, las leyes de RTW pretenden restringir la proporción de empleados estatales que pueden representarse a sí mismos a través de la negociación colectiva, y limitar la eficacia de los sindicatos a la hora de negociar mayores salarios y prestaciones para sus miembros. Dado que reduce los salarios y las prestaciones, debilita las protecciones en el lugar de trabajo y disminuye la probabilidad de que los empresarios se vean obligados a negociar con sus empleados, la RTW se presenta como una estrategia para atraer a nuevas empresas que se instalen en un estado.

Las leyes de derecho al trabajo se han aplicado en 22 estados, predominantemente en el sur y el suroeste, desde 1947. Pero, ¿cuál es su trayectoria real en el fomento del crecimiento del empleo? ¿Y cuál es la probabilidad de que, en la economía actual, un estado que decida adoptar la 23ª ley de derecho al trabajo vea mejorar su mercado de trabajo?

Este informe examina el historial de las leyes de derecho al trabajo para impulsar el crecimiento del empleo. En particular, examinamos en profundidad la experiencia de Oklahoma, que en 2001 se convirtió en el estado más reciente en adoptar una ley de derecho al trabajo. La mayoría de los estados con derecho al trabajo promulgaron sus leyes hace más de 30 años; la segunda ley más reciente es la de Idaho, aprobada en 1985. Debido a que las condiciones económicas han cambiado mucho en las últimas décadas, y a que se dispone de mejores datos para los años más recientes, el caso de Oklahoma es especialmente esclarecedor en cuanto al impacto potencial de dichas leyes en los estados que las están considerando.

A pesar de las ambiciosas afirmaciones de sus defensores, las pruebas son abrumadoras:

– Las leyes de derecho al trabajo no han conseguido impulsar el crecimiento del empleo en los estados que las han adoptado.

– El caso de Oklahoma -más cercano en el tiempo a las condiciones a las que se enfrentan los estados que ahora están considerando este tipo de legislación- es especialmente desalentador en lo que respecta a la capacidad de la ley para estimular el crecimiento del empleo. Desde que se aprobó la ley en 2001, el empleo en el sector manufacturero y las deslocalizaciones en el estado invirtieron su ascenso y empezaron a caer, precisamente lo contrario de lo que prometían los defensores del derecho al trabajo.

– Para aquellos estados que miran más allá de los empleos manufactureros tradicionales o de bajos salarios -ya sea hacia la fabricación de alta tecnología, hacia los empleos del sector del «conocimiento» o hacia las industrias de servicios que dependen del gasto de los consumidores en la economía local- hay razones para creer que las leyes de derecho al trabajo pueden realmente perjudicar las perspectivas económicas de un estado.