El artículo 542(f) de la Ley de Comunicaciones dice que «Un operador de cable puede designar la parte de la factura de un abonado atribuible a la cuota de franquicia como un elemento separado en la factura.» La mayoría de los proveedores de cable optan por incluir esta partida en las facturas de los clientes, por lo que cada cliente la verá cada vez que pague su factura. Esto se ha convertido en una fuente de contención y controversia, ya que la forma de caracterizar y facturar los cánones de franquicia puede tener un profundo efecto en la actitud del público hacia la televisión por cable.
Las administraciones locales suelen preferir que este concepto no figure en la factura. Dado que la tasa se paga al gobierno, cuando se desglosa por cliente en la factura parece ser un impuesto sobre el cliente, lo que puede despertar antipatía contra los funcionarios del gobierno. Si sólo apareciera en los estados contables como un pago único por parte del proveedor de cable, el público lo percibiría más como una tasa por servicio, que es como lo consideran los gobiernos. Sin embargo, la Ley de Comunicaciones proporciona la transparencia de la tasa de franquicia para que los clientes de la compañía de cable entiendan la tasa impuesta por el gobierno a la compañía de cable.
Los proveedores de cable, en cambio, ven la tasa como un coste de hacer negocios que están pasando al cliente. Al enumerar en su factura la parte atribuible a la tasa, los clientes pueden sentir que el gobierno es responsable de esa parte, no el proveedor de cable. Además, dado que los clientes notarán inmediatamente cualquier aumento del canon y pueden interpretarlo como un «aumento de impuestos», incluirlo en la factura puede disuadir a los gobiernos de presionar para que se aumente el canon cuando se renueve el acuerdo de franquicia.
Las justificaciones o razones para el canon de franquicia se dividen en seis categorías básicas:
- Ingresos – una fuente de ingresos generales para el gobierno que se puede recaudar sin aumentar los impuestos.
- Alquiler – alquiler por el uso de terrenos públicos como derecho de paso por parte de la empresa para sus cables.
- Exclusividad – compensación al gobierno por permitir que el operador de cable mantenga un monopolio de facto en el servicio de cable en la zona.
- Diversidad – es de interés público financiar las instalaciones gubernamentales que proporcionan canales de acceso público, educativo y gubernamental (PEG) que promueven la diversidad en la comunidad.
- Beneficio – compensación por los beneficios de relaciones públicas que el proveedor de cable obtiene al tener canales públicos, educativos y gubernamentales en el cable.
- Regulación – compensación al gobierno por el coste de regular la televisión por cable: consultores, auditores, administradores e inspectores.